Mercosur vs Unión Europea: ¿En qué quedó el acuerdo?

Desde que se anunció el cierre técnico en 2019, Europa sumó exigencias que antes no estaban sobre la mesa. El famoso Reglamento 1115/2023 sobre deforestación es el principal dolor de cabeza para los exportadores del NOA. Esta normativa exige que cada tonelada de producto exportada demuestre que no viene de tierras deforestadas después de diciembre de 2020. En provincias como Salta y Jujuy, donde la frontera agropecuaria convive con zonas de bosque protegido, esto implica un costo de certificación que hoy ronda los 4,3 dólares por hectárea adicionales.

La contrapropuesta del Mercosur llegó en marzo de 2024, exigiendo que estas normas ambientales no se conviertan en barreras que frenen el comercio. Los productores locales saben que cumplir con la trazabilidad satelital que pide la UE requiere una inversión en software y técnicos que no todos los galpones de empaque pueden pagar. Por ahora, el documento de 11 páginas que envió Bruselas para 'aclarar' los términos sigue bajo revisión de la Cancillería en Buenos Aires, sin que haya un consenso claro sobre quién paga el costo de estos nuevos controles.

España es el competidor directo de Argentina en el mercado europeo de cítricos, especialmente en contraestación. Durante la última campaña de 2024, la presión de los sindicatos agrarios españoles obligó a la UE a endurecer los controles fitosanitarios por la Mancha Negra. Si el acuerdo se firmara mañana, el arancel para el jugo de limón, que hoy castiga la rentabilidad de las fábricas de Tucumán, bajaría gradualmente del 14,7% actual hasta desaparecer en un plazo de 8 años. Esto permitiría colocar unas 34.200 toneladas adicionales en puertos como Róterdam sin perder competitividad por precio.

Sin embargo, el acuerdo incluye cláusulas de salvaguardia. Esto significa que si el volumen de fruta argentina 'inunda' el mercado europeo y hace caer los precios por debajo de cierto límite, Europa puede volver a subir los impuestos de golpe. Para un exportador mediano de San Pedro de Colalao, esta incertidumbre hace difícil proyectar inversiones a largo plazo. No se trata solo de vender más, sino de saber si las reglas de juego van a durar al menos dos temporadas completas sin que un reclamo de los productores de Valencia bloquee los barcos en la aduana.

Otro de los puntos trabados es el acceso a las licitaciones del Estado. El acuerdo dice que las empresas europeas deberían poder participar en las compras del gobierno argentino en igualdad de condiciones que las locales. Para una constructora o una imprenta pequeña en el centro de Tucumán, competir contra un gigante alemán o francés es una pelea desigual. El gobierno argentino quiere proteger ciertos sectores estratégicos hasta que alcancen un nivel de escala suficiente, algo que los negociadores en Bruselas ven como una forma de proteccionismo innecesario.

En la práctica, esto afecta a los contratos de infraestructura vial y servicios básicos. En Salta, por ejemplo, el desarrollo de proveedores para la minería de litio podría verse afectado si las licitaciones se abren sin restricciones a capitales internacionales. Los negociadores del Mercosur propusieron en la última ronda de Brasilia que se mantenga una reserva de mercado del 23% para proveedores provinciales en obras de menos de 5 millones de dólares. Europa todavía no dio el visto bueno a este porcentaje, alegando que complica la transparencia de los procesos licitatorios.

El NOA es tierra de caña de azúcar, y este producto es moneda de cambio en las negociaciones. Europa es muy protectora de sus productores de remolacha azucarera en Francia y Polonia. El acuerdo actual solo permite un cupo limitado de 178.000 toneladas de azúcar para todo el Mercosur con arancel preferencial. Esto es poco más que un par de días de molienda en los ingenios más grandes de Jujuy. Mientras Brasil empuja para que ese cupo sea mayor, los productores tucumanos miran con recelo porque saben que el gigante brasileño se quedaría con la mayor parte de la torta por su capacidad de volumen.

Con el biodiesel pasa algo parecido. Las plantas que procesan aceite de soja en la región podrían exportar combustible renovable, pero Europa aplica multas por supuesto subsidio que anulan cualquier beneficio del acuerdo. En octubre de 2024, el precio internacional del aceite de soja bajó un 8%, lo que aumentó la presión de las cámaras aceiteras para que el Mercosur firme una rebaja en las retenciones antes de avanzar con la UE. La falta de una política clara sobre biocombustibles en el bloque regional hace que los europeos duden de la estabilidad de la oferta argentina a mediano plazo.

El calendario marca que marzo de 2025 será el mes clave. Hay una ventana de oportunidad antes de las elecciones parlamentarias en varios países europeos que podrían volver a trabar todo el proceso. Desde Fenqaro vemos que el sector privado del norte ya no espera milagros. Las empresas más grandes, como las citrícolas de Lules y Tafí Viejo, ya están buscando mercados alternativos en el sudeste asiático y Medio Oriente. Saben que depender de los tiempos de Bruselas es un riesgo que el bolsillo ya no puede aguantar después de dos años de sequía y costos de fletes que subieron un 26% en dólares.

Para el pequeño productor, la clave será la asociatividad. Si el acuerdo se firma, los requisitos de etiquetado y sanidad van a ser tan estrictos que vender un pallet de limones será tan difícil como sacar un crédito hipotecario. Se necesitan consorcios de exportación locales que diluyan el costo de los despachantes y los laboratorios de certificación. Mientras tanto, el consejo es seguir de cerca las cotizaciones de la fruta en el Mercado de Perpiñán en Francia, que es el termómetro real de lo que el consumidor europeo está dispuesto a pagar por calidad argentina sin vueltas.